Todos los nombres

  

Presencias (2010). Hugo Santamaría Zuluaga (1956)

En Colombia, hace algunas semanas, la Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió a los notarios del país que podían abstenerse de inscribir niños con nombres que, a su juicio, resultaran denigrantes y que, en general, pudieran ser pretexto para que, andando el tiempo, sus portadores fueran blanco de burlas o vivieran sumidos en la vergüenza. Los archiveros de la entidad encontraron que, antes del 31 de diciembre de 2020, más de seiscientos mil niños fueron registrados con nombres ligados a la gente y cosas del mundo de los deportes y el arte, como Neymar, Maluma, Yatra, Shakira, Chespirito, Westinhouse y Warnerbro. Pero lo que realmente inquietó a los funcionarios —lo que puso sus pelos de punta— fue que a algunos recién nacidos les hubieran sido adjudicados nombres como Miperro, Belcebú, Satanás y Judas. Dijo el director de la entidad: “No se niega la inscripción, pero sí hay oposición de escribir en el registro notarial una expresión grotesca y ofensiva que de ninguna manera describe la personalidad o individualidad de ese menor; por consiguiente, se podría apelar a la objeción de conciencia que se encuentra claramente regulada en la Constitución Política”.

A la semana que siguió al comunicado de prensa de la Registraduría, El Espectador ripostó contra la regulación. En el editorial del 25 de septiembre, titulado “La libertad de llamarse Miperro”, el diario bogotano argumentó que, con todo y la buena intención del ente oficial, lo que había de fondo no era más que “una grosera intromisión estatal en la libertad de padres y madres”; lamentó que, en nombre de las “buenas costumbres”, se relegara la autonomía de los ciudadanos y se abriera la puerta al autoritarismo y al capricho estético de los notarios, y, asimismo, señaló lo incomprensible que resultaba aquella pretensión de la Registraduría de que un notario estuviera en situación de prever, y con ello evitar, que un nombre estrafalario no describiera “de ninguna manera […] la personalidad o individualidad de ese menor”. Concluyó el diario: “Lo que se está diciendo es que él, según sus creencias, puede juzgar si un nombre es idóneo o no, o si en el futuro se va a prestar para abusos. ¿Cómo garantizamos que su decisión no está mediada por el racismo, el clasismo, la religiosidad radical o cualquier otro sesgo ideológico?”. Por lo demás, la precaución estatal se antoja innecesaria, toda vez que las leyes colombianas permiten a cualquier persona cambiar su nombre al alcanzar la mayoría de edad.

Sobra decir que hay mucho de sensatez en la respuesta de El Espectador. En un país en el que la “objeción de conciencia” ha sido esgrimida para obstaculizar el derecho al aborto y la equidad de género, muy seguramente se la invocará a partir de ahora para preservar una onomástica regida por valores confesionales. Porque, tras la innegable sorpresa que pueden causar nombres como Miperro o Satanás, pronto vendrán las reservas contra nombres como Poncio o Caifás. Además de eso, llama poderosamente la atención que la Registraduría colombiana ponga, en la lista más infamante —al lado de las etiquetas diabólicas—, el nombre de Judas. Es extraño que se pierda de vista que los Evangelios distinguen con ese nombre al también llamado “Tadeo” o “Judas de Santiago”, conocido por la ternura de su corazón. Es evidente que el registrador nacional desconoce la etimología hebrea, de acuerdo con la cual la palabra Judas o Yehuda traduce “alabanzas sean dadas a Dios”. Y también parece claro que el funcionario y sus esbirros no frecuentan la lectura de Jorge Luis Borges, toda vez que el argentino, en un cuento de Ficciones (1944), sirve los argumentos para reivindicar al mismo Judas Iscariote, quien, a diferencia de los demás discípulos de Jesús, creyó inconveniente que el Verbo se hiciera carne y se empeñó, con altruismo, en desembarazarlo de la profana carnadura humana. La Registraduría se revela, con su empeño, más arbitraria que la lengua misma.

Con todo, una cosa es denunciar los discutibles argumentos con que pretende controlarse la nominación de las personas, o señalar los sesgos moralistas que podrían ponerse en juego con base en la advertencia de la Registraduría, y otra muy distinta decir que, a la hora de inscribir a un niño en el registro civil, quepan todos los nombres. Porque, al menos, la antropología podría presentar una objeción, y, en su nombre, podría hacerlo una figura tan docta como Claude Lévi-Strauss. Explica el maestro, en El pensamiento salvaje (1962), que los nombres propios no obedecen al mero capricho o a la casualidad: poseen y confieren significación, esto es, cumplen con la función de clasificar cosas, como todos los demás signos del sistema lingüístico al que pertenecen. Con la nominación no se obtura la clasificación que se hace con las categorías lingüísticas comunes, sino que se la lleva a un punto extremo: al de la peculiaridad, opuesto suplementario de la generalidad. De acuerdo con Lévi-Strauss, las personas llevan un nombre que permite, al menos, tres cosas: mostrar al nominado como alguien que hace parte del conjunto de los humanos (razón por la cual, por ejemplo, no solemos llamarnos como un objeto, un toro o un perro, pues —dicho sea de paso— Miperro no es el nombre de ningún can conocido); hacer del nominado un punto de referencia objetivo dentro de un subgrupo (lo cual suele traducirse en que no haya nombres completamente iguales entre familiares); y clasificar, al nominador, como miembro de una época particular (consecuencia de lo cual es que la fama ajena sea uno de los recursos más comunes a la hora de pensar, los padres, el nombre de sus hijos).

Las sociedades humanas han controlado la asignación de nombres propios de diversas maneras. Entre varios casos, Lévi-Strauss menciona el de los wik munkan, en Australia, quienes se nombran según un criterio que coincide con el que la ciencia occidental implementa para catalogar las especies vegetales y animales: usan dos indicativos de clase, uno “grande” y otro “pequeño”, y a ello suman un “nombre umbilical” que acaba de concretar la individuación. Asimismo, el autor muestra cómo, entre los penan de Borneo, los nombres están compuestos por un autónimo (la denominación personal, que de todos modos se escoge entre los nombres que pertenecen a un grupo), un teknónimo (una indicación de que se es pariente de alguien) y un necrónimo (una denominación que sirve para reconocer una relación objetiva con un muerto). Como parecerá evidente, este caso muestra que, en esencia, la nominación se define en un sistema de relaciones sociales. Pero también sobra decir que nuestros usos hispánicos, caracterizados por una organización jerárquica de los apellidos de los padres y, hasta hace poco, por fórmulas proposicionales que distinguían a las mujeres como esposas o viudas de alguien, revelan la misma lógica que esos casos del otro lado del mundo y de la historia cultural.

De regreso al caso doméstico referido en el primer párrafo de este breve ensayo, habrá que decir que el exabrupto propiamente dicho de la Registraduría consiste en querer controlar, por medio de una regla explícita, lo que, acaso, solo puede ser controlado tácitamente. Porque, al quedar fuera de discusión que los apellidos no son optativos —o que lo son solo dentro de un estrecho margen—, apenas queda por decir que los nombres propios son la expresión de corrientes sociales o, en fin, de coacciones de las que apenas nos damos cuenta. Hay que decir, en buena ley durkheimiana, que las costumbres se imponen a nosotros con especial rigor, y a tal punto que, cuando enunciamos reglas sociales, antes que fundar costumbres lo que tratamos de hacer es reflejar y formalizar las que ya existen. Dicho de otra manera: al enunciar un mandato oficial sobre cómo llamarse, la Registraduría, intuitivamente, pretende preservar una lógica de nominación que no pertenece a nadie, como no sea al anónimo uso social. Por supuesto, al seguir esa lógica de la inercia de los hechos sociales es forzoso preguntarse por qué, en Colombia, alguien ha podido ser llamado Miperro, Satanás o, incluso, 6. Pero la respuesta, lejos de conducir a conclusiones condenatorias sobre la insania o el mal gusto de los nominadores, tendría que ver con las maneras en que los colombianos —o los subgrupos sociales en que ellos se dividen— se perciben a sí mismos al comenzar la tercera década del siglo XXI. El reto, pues, no es legalista sino etnográfico.

La conclusión no podría ser otra que esta: en la discusión entre el diario El Espectador y la Registraduría Nacional del Estado Civil, ambas partes tienen la razón sin tenerla del todo. Toda palabra, una vez hecha nombre, es indiscutible como tal, pero de ahí no se sigue que todas las palabras puedan convertirse en nombres. En clave borgiana, esta paradoja podría ser expresada así: a diferencia de lo que ocurre en la Biblioteca de Babel —donde reposan todos los libros que pueden ser imaginados—, el archivo de nuestros registros civiles es tan impredecible como incompleto.

Fiesta de bomberos (2000). Hugo Santamaría Zuluaga (1956)